Alianza Nacional de Jubilados Participa en Consulta Impulsada por ONU, OIT y Gobierno de México
=Más de 93 mil jubilados, representados por la Alianza, proponen evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de decisiones que afecten derechos laborales y de seguridad social.
=Alianza busca fortalecer la prevención, la certeza jurídica y la rendición de cuentas en las Empresas Productivas del Estado
Por Miguel Barba
Ciudad de México, 16 de julio de 2026. La Alianza Nacional de Jubilados, organización que representa a más de 93 mil jubiladas y jubilados, presentó formalmente sus propuestas técnicas dentro de la Consulta Pública para la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHyE), un proceso coordinado por el Gobierno de México con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La participación de la Alianza constituye un paso relevante para incorporar el conocimiento acumulado de personas jubiladas de empresas públicas al diseño de una política nacional que establecerá los principios bajo los cuales deberán actuar las empresas frente a los derechos humanos. Las propuestas fueron construidas a partir de experiencias derivadas de cambios normativos y administrativos con impacto en derechos adquiridos, transformadas en recomendaciones de política pública compatibles con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Las propuestas fueron construidas a partir de la experiencia acumulada por personas jubiladas de empresas públicas que han enfrentado afectaciones derivadas de cambios normativos y administrativos con impacto en sus derechos adquiridos. Ese conocimiento fue transformado en recomendaciones de política pública compatibles con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Uno de los ejes centrales de la Consulta Pública para la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas es la llamada “Debida Diligencia” en materia de derechos humanos.
En este contexto, la Alianza Nacional de Jubilados propuso fortalecer estos procesos dentro de las Empresas Productivas del Estado.
La debida diligencia se refiere al conjunto de acciones preventivas que una institución debe realizar para identificar, evaluar y atender oportunamente posibles impactos sobre los derechos de las personas antes de adoptar decisiones relevantes.
En términos prácticos, implica analizar riesgos, escuchar a los grupos potencialmente afectados, implementar medidas preventivas y dar seguimiento a sus efectos, con el fin de fortalecer la certeza jurídica, la transparencia y la confianza institucional.
Entre las principales propuestas destacan:
▪️ Incorporar Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos antes de adoptar decisiones que puedan afectar derechos laborales y de seguridad social.
▪️ Fortalecer los procesos de debida diligencia en las Empresas Productivas del Estado, mediante mecanismos de prevención, evaluación de impactos, participación de las personas potencialmente afectadas y seguimiento de riesgos.
▪️ Ampliar los mecanismos de diálogo y participación de las personas potencialmente afectadas.
▪️ Establecer indicadores públicos de seguimiento, evaluación y mejora continua.
La Alianza destacó que la protección de los derechos humanos contribuye al fortalecimiento institucional, la certeza jurídica y una gestión pública más eficiente. Asimismo, favorece la confianza ciudadana, la prevención de conflictos y la consolidación del Estado de Derecho.
“Nuestra participación no busca resolver un caso particular; busca contribuir a que México cuente con instituciones más sólidas y con herramientas que prevengan futuras afectaciones a los derechos humanos. La mejor política pública es aquella que evita los conflictos antes de que ocurran”, señaló la organización.
Con esta participación, la Alianza Nacional de Jubilados reafirma su compromiso con el diálogo institucional, la participación ciudadana y la construcción de propuestas técnicas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas. La organización ha impulsado en los últimos meses diversas iniciativas nacionales e internacionales orientadas a promover la certeza jurídica, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, privilegiando siempre los mecanismos institucionales de participación.
La incorporación de estas propuestas a la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas representaría un avance para las personas jubiladas, las personas trabajadoras, las empresas públicas y las instituciones del país.
Acerca de la Alianza Nacional de Jubilados.
La Alianza Nacional de Jubilados es una organización de la sociedad civil integrada por personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Bancomext, Nafinsa, Banobras, Banrural, Luz y Fuerza del Centro y el CENACE. Su labor se orienta a la defensa de la no retroactividad, los derechos adquiridos, la certeza jurídica y el respeto a los derechos humanos de las personas jubiladas, mediante el diálogo, la legalidad, la participación ciudadana y la manifestación pacífica.